La justicia es de temer.  

Por fin se dio inicio al juicio oral a 14 militares por violaciones sexuales durante el conflicto armado interno. Si bien han pasado 30 años desde que estos militares destacados en las bases Manta y Vilca, en Huancavelica, cometieron estas atrocidades contra las mujeres de esas comunidades –muchas de ellas tuvieron hijos productos de los abusos-recién en el 2007 se formalizó denuncia y apenas hace un mes se fijó fecha para el juicio oral. Así de lento el proceso.

El viernes al menos tres de las 9 mujeres, confundidas entre el público que llenó la Sala de Audiencia del Colegiado B en la Sala Penal Nacional, le vieron la cara a sus violadores después de tantos años. Algunas fueron violadas, no por uno ni por dos de los acusados, sino por la tropa completa. Ellos, sentados en fila, de espaldas al público, apenas si se movían para evitar llamar la atención de la prensa (hay que destacar que a pesar de la trascendencia de este juicio solo vimos televisión extranjera y algunos medios nacionales escritos).

Solo llegaron a la audiencia siete de los acusados. Cuatro de ellos, coincidentemente, no tenían abogado; lo que sería una estrategia para dilatar el juicio, sin embargo el juez Marco Cerna Bazán derivó a los implicados a la Defensa Pública.  

Los nombres de los acusados son: Sabino Valentin Ruti, Arturo Cimarra García, Saúl Pinto Ramos, Dionisio Alvaro Pérez, Amador Gutiérrez, Epifanio Loyola, Alvaro Pérez, Rufino Rivera Quispe, Vicente Yance Callahuacho, Julio Julián Meza García, Gabriel Edwin Carrasco Vásquez, Diomedes Gutierrez Herrera, Lorenzo Inga Romero, Pedro Pérez López y Martín Sierra.

El juicio por delito de lesa humanidad tuvo una serie de tropiezos, pese a ser un juicio emblemático, histórico, que determinará otras sentencias ejemplares.

Desde que inició la audiencia a las 8:15 de la mañana, empezó mal. El juez Marco Cerna Bazán presentó a los dos jueces que lo acompañaban, Emperatriz Pérez y Alfonso Payano, pero no eran los que originalmente se nombró para ese caso, pues resulta que estaban impedidos de ejercer su función en el caso. Entonces, se eligieron dos nuevos casi de urgencia.

“Queremos que este juicio dure lo menos posible (…) pero también tenemos que lograr coincidir en nuestras agendas con los dos magistrados”, explicó el juez Cerna.

El segundo tropiezo vino cuando se puso en debate si las audiencias siguientes deben ser públicas o privadas.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, que representa a seis víctimas, expresó la necesidad de un juicio público tal como se realiza con el caso de violación y secuestro contra MMB por parte de oficiales. Por su parte, Rossy Salazar, abogada de DEMUS, destacó que las tres mujeres patrocinadas “quieren ser escuchadas”, a fin de que la ciudadanía entienda lo que les sucedió. Señaló que las defendidas llevan sesiones terapéuticas y se evaluará en el trayecto del juicio la pertinencia de su exposición.

En tanto, la defensa de los acusados se pronunció por la privacidad del juicio. Según dijeron sus abogados “porque la trascendencia del caso puede afectarlos de manera negativa”. Este discurso de la defensa de los implicados podría entenderse como una estrategia para que los acusados pasen de victimarios a víctimas.

El tribunal tomará una decisión sobre el carácter público o privado de la audiencia y emitirá una resolución el próximo viernes 15 de julio a las 4:30 p.m.

Un tercer tropiezo causó malestar en la audiencia. A las 9 de la mañana, el juez Cerna anunció la suspensión de la misma debido a que el magistrado Alfonso Payano tenía una audiencia en el penal Castro Castro.

Y así, una vez más, fuimos testigos de por qué la justicia no avanza en el país.