De Cusco a Chumbivilcas hay ocho horas de camino agreste. Durante ese tiempo apenas si nos cruzamos con tres vehículos. Subimos a un grupo de escolares en la camioneta para darles un aventón de casi una hora de lo contrario demorarían en llegar a casa tres o cuatro horas. En ese escenario uno se indigna pensando cómo es posible que el Estado llegue a estas comunidades lejanas no para hacer obras sino para sembrar terror, porque eso fue lo que pasó entre los años 1995 al 2000 cuando mujeres y hombres de esta provincia fueron sacados de sus casas por médicos, enfermeras y obstetras de la posta local o enviados desde Lima para ser sometidos a operaciones quirúrgicas irreversibles sin su consentimiento. Ahora, 14 años después de las primeras denuncias llegamos a Chumbivilcas donde se realiza el Primer encuentro de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas.  

De la prensa nacional no hay ni rastro. CNN ha llegado para hacer un reportaje, una documentalista registra testimonios y una radio local. A las 9 de la mañana empiezan a llegar las primeras mujeres al auditorio de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en el distrito de Santo Tomás, que ha cedido el espacio. Algunas son de la zona, otras llegan de Colquemarca, Livitaca, Chamaca y Llusco, del distrito de Velille aún no saben si existen víctimas porque es difícil movilizarse hasta allá. Hacen fila para registrarse en el encuentro, hay algunos hombres, esposos de víctimas o gente solidaria. Apenas ponen una cámara o una grabadora delante de ellas, sueltan su indignación, están listas para contar sus historias.

A las 10 en punto empieza el encuentro, Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, es enfática en señalar que es insuficiente la información que tienen sobre la investigación fiscal que lleva adelante Marcelita Gutiérrez, a quien han pedido que tome sus testimonios y que estaría llegando el 3 o 4 de diciembre. Ojalá cumpla. Basta escuchar un testimonio para sentir en la piel la violencia a la que fueron sometidas.

En el encuentro se presentaron tres testimonios, algunas mujeres se comunican en quechua, por fortuna hay dos traductores, no es la misma situación que ellas vivieron porque cuando fueron llevadas a la fuerzas a las postas y centros de salud para esterilizarlas nadie respetó su idioma.

No hace falta hablar la misma lengua para sentir el dolor, el espanto, la vergüenza y la humillación de lo que narran. Y no es posible mantenerse como si nada sucediera cuando en la memoria se quedan grabados los labios temblorosos, las lágrimas, la rabia contenida que les hace sacudir el cuerpo y levantar el puño.

Aunque se anunciaron tres testimonios en el encuentro, terminaron siendo decenas de historias las compartidas entre las víctimas. Una mujer de 37 años cuenta que fue esterilizada cuando tenía 22. ¿Cuál fue el criterio para esterilizarla? ¿Cumplir la meta? ¿No permitir que se reproduzca? Ambas ideas son posibles.

Otra mujer, Nazaria Suárez, que ha venido desde Colquemarca -a una hora de Santo Tomás-, narra cómo la engañaron para practicarle la esterilización. “Me dijeron que si no me hacía la operación iba a tener que pagar más impuestos”, detalla, no sin antes mirar a sus compañeras y pedirles estar organizadas.

“Tienen derechos a saber la verdad”, les dice Ana María Vidal de la Coordinadora de Derechos Humanos, expositora del encuentro que modera Derechos Humanos Sin Fronteras. “Es importante que se apoyen entre ustedes, porque las van a atacar, las van a llamar mentirosas y decirles que lo hacen por plata”, agrega María Ysabel Cedano, directora de Demus, quien les informa sobre los avances en la investigación fiscal, el reciente Decreto Supremo que crea el Registro de Víctimas, explica el debate en el plano político ante la arremetida del fujimorismo y la campaña “Somos 2074 y muchas más” que se expande en redes sociales y a través de medios de comunicación. Las asistentes observan emocionadas imágenes de como otras mujeres esterilizadas en Ayacucho formaron una alfombra roja como señal de protesta, además de acciones de jóvenes universitarias en Arequipa y Lima para apoyarlas.

Las mujeres son contundentes al manifestar que para ellas los responsables son Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, además del personal de salud.

Por ahora están alertas para participar en el proceso de reglamentación del registro de víctimas y seguir luchando para acceder a servicios de salud, educación y más adelante un programa de desarrollo económico. Después de ser sometidas a esterilizaciones en condiciones paupérrimas, muchas han tenido secuelas que ya no las dejaron trabajar en el campo o en sus telares o en el hogar. Las dolorosas cicatrices de una política nacional. No un error. No un exceso.

“NO QUEREMOS QUE GANE KEIKO”

Como van las encuestas y la silenciosa campaña en regiones de fujimorismo, uno puede creer que la votación en las comunidades alejadas va por esa vía. Es cierto, hay un gran despliegue de murales con el nombre de la hija del reo más caro del Perú, pero a estas mujeres ya la pintura naranja ni los regalitos las engañan.

“Nosotras no queremos que gane Keiko, porque peor nos va a hacer callar, nos va a perseguir (…) Si es que entra ella puede que no asuma su responsabilidad porque en este caso está (comprometido) su padre. Si ella entra, aunque ella entre, nosotros estaremos luchando”, dice Inés Condori, vocera de las víctimas en esta provincia.

Tras cinco horas de encuentro, de testimonios, de solidaridad, de lucha, las mujeres logran acuerdos: La necesidad de que se forme una Comisión de la Verdad muy aparte del Registro de Víctimas, exigir al Estado una política de reparaciones porque ellas son víctimas de la decisión de un gobierno, participar en la elaboración del reglamento del registro porque tienen mucho que decir respecto al mal servicio que reciben en el SIS y en los Centros de Emergencia Mujer, y que se sancione duramente a los responsables de las esterilizaciones, sean médicos, enfermeras, ministros y el propio expresidente Alberto Fujimori. Que la justicia alcance hasta donde tenga que alcanzar.

Al menos en Chumbivilcas, las mujeres se están haciendo escuchar. El teniente alcalde Nolberto Valencia, cuyo hermano fue asesinado en la época del conflicto armado, es consciente de que las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas deben recibir reparaciones del Estado y que debe crearse una Comisión de la Verdad. La gestión de la que es parte tiene un proyecto para construir un refugio para aquellas que fueron abandonadas por sus esposos y familias luego que no pudieran tener más hijos. “Por aquí no es un caso especial este tema, es un caso que vemos normal, porque hemos padecido mucho y ellas merecen que se les dé salud, educación, todo, igual que quienes fuimos víctimas del conflicto interno”, enfatiza.

En este caso hay mucho que escarbar y no es difícil, la prensa nacional ‘concentrada’ no quiere hacerlo pero la verdad saldrá a la luz. Chumbivilcas es solo una huella de las muchas zonas del país afectadas por una política fujimorista que alcanzó a más de 300 mil personas. Hay 234 mujeres empadronadas en la asociación de víctimas de esta provincia cusqueña. Durante el encuentro aparecieron por lo menos tres nuevos casos. Si siguen estos eventos, seguro se sumarán más. Llegar a Chumbivilcas es un viaje al reencuentro del terror de las esterilizaciones forzadas. Una historia que no debe repetirse jamás.