Fermín Huilquequipa Flores es promotor de Salud desde el año 1975 en Chumbivilcas, Cusco. Como él muchos otros pobladores, líderes o no en su comunidad, eran requeridos por el Ministerio de Salud y sus direcciones regionales y centros de salud para promover campañas de diversa índole. Entre los años 1995 y 2000, sin embargo, su trabajo se vio vulnerado por un pedido excepcional: que consiguieran parejas de esposos para ser sometidos a esterilizaciones.  

Según el testimonio de Fermín, las enfermeras prometían brindarles cursos de capacitación en salud –que pueden servirles para una promoción laboral-, a cambio de que trajeran parejas para esterilizar. No eran pedidos solamente, eran órdenes.

Este promotor chumbivilcano asegura que a pesar de esa orden, él nunca llevó a ninguna pareja, aunque llevado solo por la intuición de que algo malo podía sucederles, se negó a cumplir el requerimiento. Ahora dice estar tranquilo con su conciencia, es por eso que no fue raro verlo en el Primer encuentro de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas que se realizó en esa provincia del Cusco. Incluso se animó a hablar delante de todas las víctimas y pedir justicia para ellas.

“Nos decían que las familias dos hijos nomás debían tener porque la educación era muy cara para el país”, cuenta Fermín que era el argumento que le daban las enfermeras para que salga a buscar víctimas. Una orden, no una consulta, no una explicación de planificación familiar. El Estado decidiendo, usurpando la vida de las personas. A ello hay que sumarle los testimonios de otras afectadas: sin consentimiento, a la fuerza, llevadas con engaños, con policías, escoltadas por el Ejército, como fuera, para cumplir metas a diestra y siniestra.

No todos los promotores de salud, recuerda Fermín, se negaron a conseguir parejas a las parejas o a las personas que se requerían en los centros de salud para someterlas a lo que -ahora sabemos- fue una espantosa política de Estado que vulneró los derechos de las peruanas y peruanos en extrema pobreza, en la mayoría de casos analfabetas, quechuahablantes. El testimonio de los promotores de salud, muchos de los que aún continúan laborando, debe también ser tomado en cuenta por la fiscal Marcelita Gutiérrez que lleva adelante la investigación para determinar si hubo delito de lesa humanidad.

Los exministros fujimoristas investigados son Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. El primero ha intentado minimizar las cifras de víctimas, pero se conoce que si bien hay 2074 demandas presentadas en el Ministerio Público, hay muchos casos que se revelarían. Solo en Huánuco y Huancavelica la fiscal Gutierrez ha tomado 600 testimonios, la mayoría nuevos. Pronto acudirá a Chumbivilcas y luego a Piura donde además de escuchar a las víctimas tomará declaración a los médicos que han sido testigos de las nefastas prácticas quirúrgicas que se promocionaban como ‘festivales’ y que ocasionaron penosas secuelas a las intervenidas, incluso, para algunas, la muerte.