En los exteriores del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay, se realizó un plantón a la espera de que la fiscal Marcelita Gutierrez denuncie a los responsables de la política de esterilizaciones forzadas ocurrida en el gobierno de Alberto Fujimori. Hoy se vence el plazo otorgado a la fiscal para culminar sus investigaciones.
Se conoce que la fiscal ha recogido 1600 nuevos testimonios de víctimas en diferentes regiones del país. Cabe recordar que la investigación fiscal parte con 2074 denuncias interpuestas en Ministerio Público.
Colectivos de mujeres y algunas víctimas participaron en el plantón en el marco de la campaña 'Somos 2074 y muchas más'.
La denuncia alcanza al propio Alberto Fujimori como a sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, así como a operadores de salud.
Milton Campos, abogado de DEMUS, afirma que “es preciso que la fiscal Marcelita Gutierrez denuncie por lesa humanidad a los implicados, porque sería terrible que después de tantos años decida archivar el caso o ampliar aún más la investigación; en ambos casos impugnaríamos su fallo”.
El abogado de DEMUS, organización que lleva los casos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo, tres de las 2074 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, afirma que existen suficientes indicios para que la fiscal formule denuncia. Asimismo que Marcelita Gutierrez debe tomar en cuenta que ya en el caso de Mamerita Mestanza, existe un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligó al Estado peruano a un Acuerdo de Solución Amistosa, e incluye sanción a los responsables sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición.
Milton Campos precisó que como parte de los indicios se encuentran los testimonios de las víctimas sobrevivientes a las esterilizaciones forzadas, las historias clínicas de miles de mujeres entregadas al Ministerio Público donde se verifica que no existió consentimiento informado de las mujeres para ser sometidas a esas operaciones, testimonios de operadores de salud afirmando que les exigían cuotas de cumplimiento obligatorio de esterilizaciones, y se les ofrecía incentivos laborales por atenciones quirúrgicas. Además, entre otros documentos, constan “las comunicaciones entre el despacho de viceministro de salud, al ministro de Salud y al despacho presidencial dando reportes específicos de metas alcanzadas por semestres en relación a las AQV, y oficios de la Casa Militar de Palacio de Gobierno comunicando la autorización para entrega de móviles y logística para ser usada en este programa”.
Por su parte, María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, señaló que “la fiscal tiene que formular denuncia porque, de lo contrario, se avalaría la impunidad en un caso que lleva 14 años entrampado en el Ministerio Público”. Recordó que las víctimas han demandado que el presidente Ollanta Humala instale una Comisión Multisectorial hacia una política de Reparaciones Integrales.
