Más de 70 mil fojas tiene el caso esterilizaciones forzadas tras 14 años de investigación fiscal, una trámite que revela la peor cara de nuestro sistema de justicia: lento, evasivo, siempre en punto muerto.

El caso en 14 años pasó de mano en mano por el Ministerio Público. Contra algunos fiscales se impuso queja por demora e irregularidades. Hasta que el año pasado la carpeta fiscal llegó a Marcelita Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial. 

Ayer, la fiscal notificó a una de las partes, el termino de la investigación en la que tomó 1600 nuevos testimonios. Ya no habrá más pedidos de plazos. Se acabó. En una semana dará a conocer su fallo final. 

¿Qué puede pasar? La fiscal puede formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga (actual congresista), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. El pedido de la defensa de las víctimas es que la fiscal denuncie por delito de lesa humanidad, pues se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas fueron esterilizadas sin su consentimiento y en muchos casos sometidas a ellas luego de ser secuestradas de sus propias casas para que los médicos pudieran cumplir metas impuestas como parte del plan nacional que se llamó Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), o recibir incentivos. Esto consta en testimonios incluso del personal médico. 

La investigación del caso esterilizaciones forzadas -ojo- es por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. 

En la notificación la fiscal Gutiérrez señala que se emitirá “un pronunciamiento sobre esta Mega investigación de una causa compleja, emblemática de alta trascendencia nacional e internacional”.

Milton Campos, abogado de DEMUS, precisó que “es una esperanza de justicia para las víctimas que la fiscal haya decidido que el plazo de investigación no se prolongará más. Ahora esperaremos para conocer lo resuelto, que creemos debe considerar nuestro pedido de denunciar a los responsables por delito de lesa humanidad que alcance a Alberto Fujimori, sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, además de otros operadores”.

Asimismo, señaló que la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez debe incluir a víctimas que no fueron registradas en la investigación como Victoria Vigo y Celia Ramos, -patrocinadas por DEMUS- y el pedido para que se recoja el número real de víctimas considerando las que se encuentran en la carpeta fiscal que le fue entregada en el 2015 cuando asumió la investigación.

María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, recordó que esta investigación se abrió con el caso Mamérita Mestanza, -integrando a más de 2000 denunciantes hasta ese momento-, contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud. “En el 2003, el Estado peruano suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comprometiéndose a investigar y sancionar a los autores directos y mediatos. La fiscal ha cumplido con finalizar la investigación y ahora esperamos que valore adecuadamente todos los elementos y material probatorio para que este crimen de lesa humanidad no quede impune”.

“Los ojos del mundo están siguiendo la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez porque es necesario que se judicialice este caso que lleva 14 años sin resolverse. Es doloroso para las víctimas que están esperando tener alguna certeza del avance del caso, que aún no haya una resolución, porque estamos ante graves violaciones de derechos humanos que son delito de lesa humanidad. Una justicia que tarda tanto no es justicia y las víctimas reclaman además de sanciones a los responsables, una política de reparaciones integrales”, sostuvo Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).