Ayer se presentó el recurso de queja contra la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez que determinó, recientemente, archivar los 77 casos que fueron desacumulados del total de 2089 casos de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Milton Campos, abogado de Demus -Estudio para la Defensa de la Mujer, formalizó la entrega del escrito junto a Victoria Vigo y los familiares de la fallecida Celia Ramos, dos de las víctimas denunciantes de la política de Estado que se ejecutó en el gobierno de Alberto Fujimori (1996-2000). 

El recurso de queja por los casos de Vigo y Ramos que se encuentran dentro de esos 77 archivados fue presentado ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial que despacha la misma Marcelita Gutiérrez. El expediente, ahora, debe ser elevado al fiscal superior Luis Landa.

“Esperamos que el despacho de la fiscal Gutiérrez sea muy dinámico en entregar la carpeta al fiscal Luis Landa lo más pronto posible, para que él tome un tiempo razonable de tres meses como máximo y denuncie a los autores mediatos como son Fujimori y sus exministros, quienes diseñaron esa política de Estado, además de calificar este caso como delito de lesa humanidad y desapruebe la decisión de archivar el caso como lo determinó la fiscal Gutiérrez negándole a 2089 víctimas su derecho a seguir buscando justicia’’, sostuvo el abogado de Demus, Milton Campos.

LOS DOS CASOS: CELIA RAMOS Y VICTORIA VIGO  

Según explicó el abogado Milton Campos, la queja en el caso de Celia Ramos, fallecida en Piura, se debe a que la fiscal Gutierrez consideró que como el caso se investigó antes y fue archivado, ella no debía volver a investigar. Además, supone que si la firma de Ramos aparece en un documento, sí consintió pese a pruebas u testimonios de familiares que indican que no tuvo información.

‘’Según estándares internacionales, que la fiscal omite, el consentimiento no es solo la firma sino el proceso previo que tiene la paciente, a quien se le debe presentar la gama de métodos de planificación, darle 72 horas para que reflexione e información (con traductores) de beneficios y consecuencias, además de la posibilidad de negarse hasta antes de la intervención e incluso acompañamiento post operatorio”, explica el abogado de Demus.

El otro caso en el que se presentó queja es el de Victoria Vigo. La fiscal Gutierrez consideró que es un caso resuelto porque el Poder Judicial sancionó al médico Nicolás Silva Angulo. Sin embargo, el abogado aclara que “una nueva investigación no interfiere con esa sentencia, pues, el médico actuó en el marco de un programa nacional”.

Al respecto, Victoria Vigo, sobreviviente a la esterilización forzada, dijo esperar que el fiscal Luis Landa -a quien pasará el expediente- haga un análisis más minucioso que el de la fiscal Gutiérrez y tome en cuenta todas las pruebas que se han entregado durante más de 14 años, además de las voces de las mujeres de diversas partes del Perú que fueron víctimas de esta espantosa política de Estado.

“Ya no confiábamos en que la fiscal resolvería nuestro caso porque solicitó muchas ampliaciones, muchas postergaciones. Tantos años seguimos esperando justicia, seguiremos luchando por ella”, manifestó.

En caso que el fiscal Luis Landa apruebe el archivo del caso, Demus considerará que se agotó la vía legal interna, y acudirá al Sistema Interamericano.

LAS GRAVES OMISIONES DE LA FISCAL

Cabe recordar que la fiscal Gutierrez archivó el caso por lesa humanidad en julio de este año. Datos a tomar en cuenta:

-Solo encontró violaciones a los derechos humanos en 7 de más de 2000 casos y sin explicación alguna apartó 77 casos. 

-No consideró estándares internacionales de lo que significa e implica el consentimiento informado, pues no toma en cuenta los testimonios de las víctimas sobre amenazas y violencia para firmar consentimiento, más bien las responsabiliza de no haber accedido por sus propios medios a información sobre la intervención que se les iba a practicar. 

-Tampoco hace una valoración de la evidencia que se ha acopiado a lo largo de estos 14 años de investigación fiscal en cada caso (ni investigaciones periodístcias, ni documentos oficiales remitidos por ministros a Fujimori, ni otros).

-La fiscal descartó el antecedente del caso de Mamérita Mestanza, campesina cajamarquina que falleció por complicaciones tras la intervención de ligadura de trompas practicada bajo amenaza de cárcel. La resolución de archivamiento del caso contraviene el compromiso del Estado peruano que a través de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado el año 2003 admitió que se violaron los derechos humanos de Mamérita Mestanza al ser esterilizada forzadamente y dio cumplimiento a una serie de reparaciones a su familia, como también al compromiso de hacer una exhaustiva investigación a todos los presuntamente involucrados.

EL DATO
Durante la presentación de la queja se realizó el plantón Empolleradas de Luto en los exteriores de la Segunda Fiscalía Supranacional ubicada en el Jr. Carabaya, Lima. Un acto simbólico por las 18 fallecidas por esterilizaciones forzadas