Hoy las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave del Frente Amplio, junto con Alberto de Belaunde y Carlos Bruce de Peruanos por el Kambio presentaron el proyecto de ley 1378 para el fortalecimiento de la lucha contra los crímenes de odio y la discriminación. Lo que viene a ser el alternativo al fenecido DL1323. 

Lleva la firma de apoyo de la vicepresidente y congresista Mercedes Aráoz, los parlamentarios Gino Costa, Salvador Heresi, César Villanueva, Tania Pariona, Oracio Pacori, Gloria Montenegro, entre otros.

Este proyecto de ley plantea cinco objetivos que significan un cambio para bien en un país en permanentes idas y venidas en derechos humanos. El Perú ya se encuentra en una revolución cultural donde el tema de la homosexualidad, la diversidad sexual va dejando de ser tabú, va siendo comprendido y aceptado por nuevas generaciones; por ello tantas resistencias y campañas millonarias de los grupos conservadores religiosos a los que les gustaría que retrocedamos unos 100 años cuando las mujeres eran prácticamente esclavas y se perseguía y encarcelaba a gays y lesbianas.

De este proyecto de ley destacan cinco puntos claves:

1. Precisa que se debe fortalecer la lucha contra crímenes de odio y discriminación basada en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, indumentaria, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, entre otros.

2. Define que desde Poder Ejecutivo se capacite a la Policía Nacional para el adecuado tratamiento de denuncias por faltas y delitos cometidos por discriminación, “con especial énfasis en aquellas que tengan por causa orientación sexual e identidad de género”. La misma obligación se extiende a la Academia de la Magistratura –encargada de la formación de jueces y fiscales-, la Escuela del Ministerio Público, el centro de investigaciones del Poder Judicial, el centro de estudio del Tribunal Constitucional, así como los que dependan del Ministerio de Justicia.

3. Se determina que el Poder Ejecutivo incluya en sus campañas publicitarias, información a la población sobre faltas y delitos por motivos de discriminación, para oportuna denuncia. Además de mensajes contra toda forma de discriminación.

4. La realización de estudios sobre prevalencia de la violencia y discriminación a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Mujer.

5. Que el Ministerio Público registre casos de crímenes de odio como parte del ya existente Observatorio de la Criminalidad. Y que será monitoriado desde el Ejecutivo.

En cuanto a Código Penal, el proyecto contempla la inclusión de la figura “agravado por móvil discriminatorio” y, por supuesto detalla formas de discriminación que deben estar penadas.

El proyecto incorpora en el Código Penal el artículo 46-F. Circunstancia agravante cualificada por discriminación.