Son las 9 de la mañana en Buenos Aires, Argentina, y las 7 en Lima, Perú. La distancia, sin embargo, no es impedimento para que ocurra un acto que hermana a los dos países. En fila, mujeres vestidas con polleras rojas y flores en la espalda realizan un plantón solidario para apoyar a las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En Argentina participan feministas de ese país, además de chilenas, costarricenses y peruanas que saben bien la historia de las esterilizaciones forzadas. Algunas eran niñas cuando eso ocurrió y recién en su adultez vinieron a enterarse de esos miles de casos que esperan justicia. Les indigna como se les arrebató el derecho a decidir a las mujeres sobre todo campesinas, les indigna el racismo de la sociedad y la justicia, les indigna que los años siguen pasando y no se saldan las deudas históricas con esas mujeres por conveniencia y manipulación política. Y, sí, en sus países también se viven una serie de violaciones a los derechos de las mujeres, por eso hay que unirse y apoyarse. Aquí y donde sea.

Ese mismo sentimiento y pensamiento es el que invade a nuestras compatriotas que en simultáneo se plantaron en los exteriores del Poder Judicial, aprovechando que Lima se desperezaba en una mañana gris. 

en poder judicial

REMUEVEN LA CIDH

En Argentina, la acción se realizó en los exteriores del Hotel Sheraton, donde se inauguraba el 162 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A esta actividad también se sumó Ni una menos Argentina y Ni una menos Costa Rica. 

“Esperamos que la CIDH escuche a las víctimas concediéndoles una Audiencia Pública a ellas, sus familiares, representantes y abogadas, que han solicitado sin éxito hasta en cuatro oportunidades. No se ha cumplido con hacer justicia a las más de 2074 denunciantes con las que se inició una investigación preliminar que dura más de una década. A la fecha son 2166 denunciantes las que esperan que la Fiscalía Superior resuelva la queja contra una resolución fiscal que no ha considerado estándares en derechos humanos y que podría archivar el caso, perpetuando la impunidad”, sostuvo María Ysabel Cedano, directora de la ONG feminista peruana DEMUS, que brinda asesoría legal a varias mujeres esterilizadas.

En el año 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de Mamérita Mestanza, una mujer que murió tras una esterilización forzada. Sin embargo, no se ha cumplido con las obligaciones contraídas, como reparación en educación a su hijo menor. Hay más de 5 mil denunciantes en diversas instancias que esperan se les reconozca reparaciones integrales.

“Hemos compartido una acción en apoyo a las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú y a sus familiares que buscan justicia y reparaciones integrales. Estamos respaldando esta demanda que hacen las organizaciones feministas peruanas, pero también como decimos todas: Si tocan a una, respondemos todas, y por eso estamos acompañando para que tengan justicia y reparación integral”, sostuvo Florencia Alcaraz, periodista y una de las fundadoras de Ni una Menos Argentina.

“En más de una ocasión se le ha solicitado a la CIDH que las víctimas participen en las audiencias, porque desean ser escuchadas, pero el pedido ha sido denegado. Resulta urgente y necesario que se informe sobre la situación del caso para que el Estado peruano pueda asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos y no se siga dilatando el acceso a la justicia de las víctimas. Han pasado más de 14 años desde el inicio de la investigación fiscal de las esterilizaciones como delito de lesa humanidad y aún no hay denuncia que nos encamine hacia la verdad, justicia y reparación que merecen las víctimas”, dijo Andrea Carrasco, integrante de la campaña Somos 2074 y muchas más. 

Al cierre de esta nota, se supo que el plantón tanto en Perú como en Argentina rindió frutos buenos, pues la Relatoría de la Mujer de la CIDH convocó a una reunión a DEMUS para dialogar sobre la situación del caso esterilizaciones forzadas.

EL DATO

Hace dos años el Estado peruano abrió un Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), para conocer el número de víctimas a nivel nacional y la prestación del servicio de defensa pública para que logren acceso a la justicia. A la fecha ha recibido más de 5 mil solicitudes y otorgado más de 2 mil constancias.