En los exteriores de la Academia Diplomática, en el distrito de San Isidro, donde se realizó la inauguración del 163 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas de Piura y Cusco, y activistas de la Campaña Somos 2074 y muchas más, realizaron la intervención artística 'Empolleradas' exigiendo Audiencia. 

Con una intervención simbólica que acompaña el dolor y la indignación de una justicia que no llega hace 20 años, exigieron que las voces de las víctimas sean escuchadas, en un contexto en el que el fujimorismo continúa negando los hechos, llamándolos “mitos” y buscando el indulto para el expresidente Alberto Fujimori, quien se espera sea denunciado y juzgado junto con sus exministros de Salud por este crimen de lesa humanidad.

“Nosotras las mujeres esterilizadas queremos decirle a la CIDH que aquí en el Perú ya han pasado más de 20 años y seguimos esperando justicia y reparación integral. Para nosotras es una ofensa que se quiera indultar a Alberto Fujimori, porque nuestros casos siguen abiertos. Nos han esterilizado sin garantizar nuestro derecho al consentimiento previo, libre e informado y eso no puede quedar así”, sostuvieron Victoria Vigo, Ruthe Zuñiga, Sandalina Valencia, sobrevivientes de esterilización forzada de Lima y Cusco, recordando que en campaña electoral el entonces candidato se comprometió con sus luchas.

“El Estado peruano se comprometió ante la CIDH en diciembre del año pasado a crear un grupo de trabajo para diseñar la política de reparaciones integrales con participación de organizaciones de víctimas y sociedad civil y aprobar un protocolo de actuación de la Defensa Pública que permita que las denuncias sobre esterilizaciones forzadas consideren los estándares internacionales de derechos humanos. Exigimos que el estado cumpla con ello y que estas medidas sean parte del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos”, señaló María Ysabel Cedano, directora de Demus, integrante de la campaña Somos 2074 y muchas más.

Tras la intervención artística, María Claudia Pulido, funcionaria de la CIDH, se acercó a las víctimas de esterilizaciones y les aseguró que tramitará la solicitud de audiencia para el periodo de sesiones en octubre, en Uruguay.

EL ESTADO NO CUMPLE COMPROMISOS

En el 2003, mediante la suscripción del Acuerdo de solución amistosa en el caso Mamérita Mestanza, el Estado peruano se comprometió ante la CIDH, a investigar y sancionar a los autores directos y mediatos que resulten responsables de una política de Estado que violó derechos humanos de mujeres campesinas, indígenas andinas y amazónica en situación de pobreza, de zonas rurales y urbano populares, la misma que fue ejecutada durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1996 y 2000. La investigación preliminar que empezó el 2004, comprende al expresidente Fujimori y sus exministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta, por la comisión de delitos como crimen de lesa humanidad. 

 13 años después, el Ministerio Público ha archivado irregularmente el caso en 4 oportunidades por lo que en el 2011 y 2015, se reabrió y ahora, está pendiente de resolución las quejas interpuesta por los archivos de julio y diciembre de 2016. Luego de 6 meses, la decisión está en manos del fiscal superior Luis Landa, a quiénes las víctimas y defensoras exigen se pronuncie ya.

EL DATO

La investigación de Esterilizaciones forzadas comprende 2166 denuncias. Y ha dado origen a una nueva investigación preliminar a cargo de una nueva fiscal con más de 1000 nuevas denuncias. En el Registro de Víctimas (REVIESFO) hay más de 5 mil solicitudes y por lo menos 3,500 constancias emitidas.

Pero, solo hay 80 denuncias y aún no cumplen con registrar el caso de la fallecida Mamérita Mestanza.