Mientras miles de peruanos tienen una memoria selectiva que solo condena el terrorismo de Sendero Luminoso, pero no el terrorismo de Estado durante el conflicto armado interno, hoy se informó que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió investigación de oficio contra el tribunal de la Sala Penal Nacional que lleva el juicio Manta y Vilca contra 14 integrantes de las Fuerzas Armadas por violación sexual en la modalidad de crimen de lesa humanidad. 

Emperatriz Pérez Castillo, Otto Verapinto Velásquez y Carlos Payano Barona son los tres magistrados investigados por OCMA, luego que se denunciara que se han "parcializado" con los acusados y en varias audiencias del juicio que ya lleva un año han realizado un trabajo estereotipado y prejuicioso que desfavorece a las mujeres víctimas.

La noticia de la investigación a los magistrados se dio a conocer durante la audiencia número 51 del juicio, luego que los abogados/as de DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocinan a las nueve denunciantes de este proceso, sustentaron el pedido de recusación de los/as magistrados; es decir el cambio de tribunal por uno que brinde garantías.

“Nos parece positivo que la OCMA investigue al tribunal por su actuación revictimizadora contra las agraviadas durante la toma de sus testimonios. Y queremos denunciar la indignante actitud de la defensa de los acusados que señala que no puede haber críticas a los jueces y nos tildan de “caprichosas”. Creemos que ya no estamos en los años de los jueces sin rostro, sino que de la mano con lo que señala la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional hay un derecho a que los juicios sean públicos porque de lo contrario se vulnera el derecho al debido proceso”, sostuvo Rossy Salazar, abogada de DEMUS.

Durante la audiencia el fiscal superior Pedro Orihuela apoyó los argumentos de la recusación de los abogados de las víctimas y denunció que tampoco se le permite hacer su tarea de mostrar pruebas. 

“El fiscal señaló enfáticamente que el tribunal no tiene imparcialidad objetiva ni subjetiva y que también se ha violado el derecho a probar de la Fiscalía, más aún si es caso emblemático investigado por la CVR y constituye un delito de lesa humanidad”, agregó Juan José Quispe, abogado de IDL.

“Denunciamos parcialización de los jueces con los acusados y llamamos a la opinión pública a exigir justicia para las mujeres de Manta y Vilca que han esperado más de 30 años por un juicio. Que exista peligro de impunidad es transgredir su derecho a verdad y acceso justicia”, puntualizó Rossy Salazar.

La Sala Penal Nacional resolverá el próximo miércoles 19 de setiembre a las 8:30 a.m. el pedido de apartamiento del proceso de los/as magistrados.

LOS HECHOS

El 21 de marzo de 1984 se instalan en Huancavelica las bases militares en las comunidades de Manta y Vilca. Los militares implantaron detenciones arbitrarias, saqueos, castigos, torturas y amenazas de muerte. El informe de la CVR documenta que mandos militares toleraron y fomentaron una política sistemática y generalizada de violaciones sexuales a mujeres para ejercer control en las comunidades. La mayoría de víctimas eran niñas y adolescentes. Después de 33 años se inició el juicio oral contra las FF.AA.