26 años después de asesinar a 7 niños, violar y matar a 4 mujeres, torturar y asesinar a 4 varones de la comunidad de Santa Bárbara en Huancavelica y, al final del acto, dinamitar todos los cuerpos en la mina “Misteriosa”, la Sala Penal Nacional ha dictado sentencia de 20 años de cárcel para Javier Bendezú, jefe de la patrulla ‘Escorpio’ del Ejército por el delito de “homicidio calificado con gran crueldad y alevosía”, crimen de lesa humanidad. 

A Bendezú lo atraparon en abril de 2016 en Villa María del Triunfo tras 10 años de permanecer en la clandestinidad, mientras el juicio seguía su curso. Cuando lo capturaron no tuvo más remedio que hablar. Y lo contó todo. Una confesión que reveló ordenes de cumplir el llamado ‘Plan Apolonia’, un macabro plan antiterrorista que se aplicó de manera abusiva convirtiéndose en un ataque sistemático a la población civil basado en la lógica de exterminar a cualquiera que pudiera ser señalado como terrorista sin mayor investigación. ¿Qué terroristas podían ser 7 niños, sus madres, un joven licenciado del Ejército y unos adultos mayores?

Ocurrió la noche del 4 de julio de 1991 cuando dos patrullas militares ingresaron a las viviendas de las 15 víctimas en el anexo de Rodeo Pampa de la Comunidad Santa Bárbara, robaron sus pertenencias, quemaron casas, golpearon a los hombres, ultrajaron a las mujeres y arrestaron a 15 supuestos “terroristas”, incluida la familia de Zenon Cirilo Osnayo Tunque, esposo de Antonia Hilario Quispe, quien no se encontraba en su casa sino en otra provincia haciendo trueque de ganado por grano para su esposa y tres hijas.

Los integrantes de la patrulla ‘Escorpio’ comandados por Javier Bendezú habían salido dos días antes de la Base Militar de Lircay. A las 15 personas detenidas se les pudo llevar a la base de Huancavelica que estaba a hora y media de camino, sin embargo fueron llevadas a una mina. Al joven de 21 años Helihoref Huamaní Vergara lo detuvieron en el camino, pese a que fue un exrecluta del Ejército también lo mataron.

En un pasaje del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación los propios militares narran que “…admitieron haberse apoderado de dinero que pertenecía a las víctimas, que se incendiaron algunas estancias, que condujeron decenas de cabezas de ganado y recibieron S/. 20 nuevos soles cada uno de parte del Teniente Bendezú, presuntamente como producto de la venta de los animales”.

Antes de ser acribillados los militares amordazaron a sus víctimas que caminaban jalados con una soga, algunos desnudos pese al frío inclemente. Tras asesinarlos los pusieron a todos uno encima de otro y el propio jefe de la patrulla Javier Bendezú acomodó las cargas de dinamita debajo de los cuerpos. Pobladores que pasaban cerca a la zona han contado que escucharon la detonación.

Pero el hecho no pasó desapercibido y los pobladores denunciaron los hechos. Se inició una investigación y el comando político militar de Huancavelica quiso ocultar sus crímenes. Fabricó partidas de defunción falsas. Los militares intentaban justificar la matanza señalando que se cumplía el ‘Plan Apolonia’ de eliminar a delincuentes terroristas y que hubo un enfrentamiento. Colocaron en las partidas, por ejemplo, que la niña de ocho meses, no tenía ocho meses sino que se trataba de una mujer de 28 años. Que las mujeres eran de más de 40 años cuando no pasaban ni los 30.

No solo eso. Tomaron algunos cuerpos y los movieron hacia otra zona. Es por eso que hasta hoy no se han terminado de encontrar todos los restos, solo pedazos de las víctimas.

"La sentencia constituye un acto de verdad y justicia para las víctimas y sus familiares, la misma que debe ser integral, pues aún hay un prófugo por estos hechos que debe ser capturado, los mandos militares que diseñaron el Plan Apolonia y varios integrantes de las patrullas no han sido investigados. Además, los familiares continúan a la espera de las reparaciones dispuestas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de setiembre del 2015 y parecen encarpetadas en el Consejo de la defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia encargado de implementarlas. Esa decisión también es una expresión de esperanza para otras víctimas del conflicto armado q vienen buscando verdad y justicia", señala Milton Campos, abogado de las víctimas.

UNA ESCENA DE TERROR

El poblador Hilario Quispe, cuyos parientes habían sido detenidos por la patrulla militar, se dirigió hacia la mina Misteriosa el 18 de julio con autoridades del Ministerio Público y algunos periodistas. Narró que al llegar al lugar encontraron trenzas, partes de cuero cabelludo, llaves, un trozo de lengua y un talón. Otro de los testimoniantes, Zenon Osnayo, dijo haberse desesperado al encontrar un cuadro macabro: “Encontré a mi esposa muerta, amarrada con mi propia soga, de una de mis hijas vi la mitad de su cabecita, la reconocí por su trencita, y por el pili mili que llevaba”.

UNA JUSTICIA DE A POQUITOS

La masacre de Santa Bárbara fue denunciada. El 16 de octubre de 1992 el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército expidió sentencia. La intención habría sido evitar que los responsables sean juzgados en el fuero civil.

Javier Bendezú, en su primera declaración ante el fuero militar, sostuvo “que fueron los propios detenidos quienes se suicidaron masivamente y en un solo acto, arrojándose a un barranco muy profundo mientras caminaban en el trayecto hacia la base militar de Lircay”. Pero el juez militar a cargo de la instrucción y a su turno la Sala de Guerra, desestimaron esta versión por ser poco creíble e insostenible. Ya en el juicio actual Bendezú ha reconocido la masacre, aunque siempre diciendo que “seguía órdenes”.

Los sentenciados posteriormente fueron beneficiados por la Ley de amnistía otorgada en 1995 en el gobierno de Alberto Fujimori.

Sin embargo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó reabrir el proceso penal y anular la amnistía. Un papel fundamental jugó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir una sentencia en el mismo sentido.

En el 2012 se logró la sentencia contra el sargento Oscar Alberto Carrera Gonzales, integrante de la patrulla ‘Escorpio’ y ahora también contra Javier Bendezú Vargas se ha impuesto 20 años de cárcel, pero Dennis Pacheco Zambrano a quien se le ha reservado el juicio continúa en la clandestinidad. Otros dos militares fueron librados de juicio porque cuando ocurrieron los hechos eran menores de edad.  

Por ahora, hay una investigación en la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial a los mandos militares que organizaron y planificaron el sanguinario y terrorífico ‘Plan Apolonia’ y todos los que resulten responsables. Se ha dispuesto atención especializada en salud, psicología a los familiares de las víctimas.

El dato

El Ministerio de Justicia pidió perdón a las víctimas y sus familiares en agosto en un entierro simbólico.

LAS VÍCTIMAS

Francisco Hilario Torres, campesino de 60 años de edad

Dionisia Quispe Mallqui, campesina de 57 años de edad

Antonia Hilario Quispe, campesina y agricultora de 31 años de edad

Magdalena Hilario Quispe, campesina de 26 años de edad

Mercedes Carhuapoma de la Cruz, campesina y agricultora de 20 años de edad

Ramón Hilario Morán, ganadero de 26 años. Era el líder de su comunidad

Dionisia Guillén de Morán, campesina de 24 años de edad

Alex Jorge Hilario, menor de 6 años de edad

Yesenia Osnayo Hilario, niña de 6 años de edad

Héctor Hilario Guillén, niño de 6 años de edad

Miriam Osnayo Hilario, niña de 3 años de edad

Wilmer Hilario Guillén, niño de 3 años de edad.

Raúl Hilario Guillén, niño de 8 meses de edad

Roxana Osnayo Hilario, niña de apenas 8 meses de edad

Helihoref Huamaní Vergara. Pastor de 21 años de edad, ex recluta del Ejército

LA PATRULLA MILITAR

Teniente Javier Bendezú Vargas

Teniente Abel Hipólito Gallo Coca

Sub-oficial de segunda Fidel Gino Eusebio Huaytalla

Sargento primero Oscar Alberto Carrera Gonzáles

Sargento segundo Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano

Cabo Simón Fidel Breña Palante